Es necesario advertir sobre la situación de la universidad peruana que está inmersa en el proceso histórico de la lucha de clases, durante las últimas décadas se ha atrincherado en el poder, la gran burguesía intermediaria (una burguesía compradora y no productora, sumisa ante el capital imperialista, esto es, una burguesía cuyos intereses están imbricados, unidos con el capital extranjero y que por tanto, muestra un desdén por la producción y el desarrollo de la industria nacional) que, de modo general es la que, a través del Estado y de sus instituciones domina y dirige el escenario nacional de acuerdo a sus intereses económicos y políticos. Con el afán de servirles mejor han mercantilizado la educación básica y hoy apuntan contra la Universidad Pública recortándoles el presupuesto. Por ejemplo en el diario La Primera, declara Juan Tutuy (Ex rector de la UNE), “Las universidades daban servicios de vivienda, alimentación, becas, salud. Todo eso era gratuito en la mayoría de las universidades, pero con este recorte ya no podremos seguir brindándolos. Para el 2009 pretenden recortar 133 millones de soles del presupuesto para las universidades”. Y En la editorial del Diario reaccionario La República, del 12/2/2011: “Universidades sigue el festín”, se siguen denunciando la creación de Universidades privadas con filiales y facultades sin contar con el equipamiento y presupuesto para su funcionamiento, frente a ello pretendemos dar un enfoque panorámico sobre el proceso de su abandono, desprestigio y privatización de la universidad pública y esbozar cuál es la situación actual que atraviesan estas.
ASPECTO LEGAL; se promulga inconstitucionalmente el Decreto Legislativo 739 que niega la asistencia libre a clase, atenta contra la libertad de expresión, reunión y credo, estigmatizando a los que puedan tener una concepción del mundo distinta al que pregonan los idealistas. Por otro lado, este D. L. atenta contra la gratuidad de la enseñanza, el bienestar del universitario, fomenta la persecución, el chantaje, represión y expulsión.
Decreto Legislativo 882; orquestado por el Fujimorismo con el que legaliza el negocio de la educación y la mercantiliza; este dispositivo fue publicado bajo el cuento de promover “la inversión privada en educación” y como era de esperar ha llegado a ser carta blanca para lucrar e incluso ser principales centros de financiamientos de campañas electorales, demostración: UCV, Universidad Señor de Sipán, ALAS PERUANAS, Etc. Por otro lado, este D. L. es el permiso para la proliferación escandalosa de filiales que funcionan en condiciones precarias.
Decreto Legislativo 924; que atenta directamente contra el derecho de libre opinión, expresión y difusión de libre pensamiento; este Decreto restituye el delito por apología, el cual fue declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional en el 2003; sin embargo, es expresión pura y refinada de fascismo.
Decreto Legislativo 726; que permite impunemente la ocupación militar y policial en las universidades, con los que se consumaron sistemáticas políticas de genocidio, desapariciones forzadas, y tortura a estudiantes; sin embargo, este decreto fue modificado por la ley 25416 que también sigue atentando la inviolabilidad del campus universitario; por otro lado, ley Nº 28740 que impulsa la acreditación universitaria con el único fin de desprestigiar la universidad publica, para luego cerras escuelas y facultades principalmente de educación y ciencias medicas, atentando contra la gratuidad de la enseñanza, quitándoles la educación a los mejores hijos del pueblo.
ASPECTO ECONÓMICO Y SOCIAL; se busca ahogar presupuestalmente a las universidades
públicas mediante el recorte sistemático del presupuesto, cuyo déficit de financiamiento viene cubriéndose con los Recursos Directamente Recaudados (RDR) ocasionando constantes modificaciones del TUPA en desmedro de los estudiantes, esta fuente de financiamiento año tras año se viene incrementando, hasta que los recursos ordinarios sean insignificantes, momento no muy lejano en el que quedará sellada la privatización de la universidad publica si el estudiantado no se organiza y la defiende para sí; RDR o ingresos propios, crecen incesantemente nos referimos a los cobros por admisión, matriculas, syllabus, aplazados, carné universitario, el fantasma seguro universitario, tramites por bachilleratos, licenciaturas y/o maestrías chicha, cursos de complementación pedagógica, Etc. En el “Plan Institucional 1999” del Ministerio de Educación sentencian “Por fuente de financiamiento, el sistema universitario público tiene presupuestado (70,54 %) de la fuente Recursos Ordinarios (Tesoro Público), (1,11 %) de la fuente Canon y Sobrecanon (Canon petrolero), (28,19 %) de la fuente Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) y 1 486 712 (0,16 %) de la fuente Donaciones y Transferencias”. Mas adelante del “Informe 2006 La Universidad en el Perú” del propio Ministerio de Educación, llegamos a una irrefutable conclusión: el aporte estatal al presupuesto de la república ha disminuido drásticamente por (RO) del (84% en 1995) al (62% en el 2004); (51% en el 2009); mientras que por RDR, pasó preocupantemente del (16% en 1995) al (38% en el 2004) al (42% en el 2009 entre RDR, donaciones y transferencias) y 7% al rubro canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones y en el 2010 el 58% del presupuesto asignado a las universidades públicas proviene recursos ordinarios, mientras que, el 39% corresponde a RDR (Tasas, Ventas de Bienes, Prestación de Servicios, etc.) incluido donaciones y transferencias, y un mísero 3% a canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. En el caso de la UNI y la Molina cuyo financiamiento proviene cerca del 70% de RDR a través de sus centros de producciones y solo el 30% proviene del aporte estatal. Si los estudiantes no ponen en su agenda defender la universidad publica, pronto acabarán por cubrir todo el presupuesto.
A través de RDR, se fomenta un espíritu empresarial de la universidad, en consecuencia, su fin supremo también se degenera en un sentido lucrativo. Así los estudiantes llegan a ser sencillamente un cliente más, como ya diversos órganos denunciaron en su momento; con la nueva ley general de educación y la nueva ley universitaria, la educación deja de ser un derecho inherente consagrado jurídicamente y pasa a ser un servicio más como el teléfono, agua, luz, etc. Por el que hay que pagar. Y en todo servicio como en toda mercancía, la relación entre instituciones educativas y estudiantes pasan a ser simples relaciones entre vendedores y consumidores. El estudiante universitario esta dejando de ser un estamento dotado de derechos y libertades y pasa a ser solo un cliente de quien cuan vampiro chupa la sangre, se le absorbe los míseros bolsillos.
Tal como reza los intereses y planteamientos al ritmo de los vende escuelas: Manuel Burga, Nicolás Linch, Sota Nadal, José Antonio Chang, entre otros plumíferos, agitadores de la privatización universitaria, esta girando en función de como encubrir el carácter burocrático, excluyente y privatista de la tan cacareada acreditación universitaria que en esencia es incubadora del despoblamiento de las universidades como ha sucedido con los ISPs.
ASPECTO ACADÉMICO; en las décadas pasadas se han mutilado, desaparecido y quemado libros científicos de igual modo que el feudalismo se combatió a la herejía; se ha suprimido los cursos mas sólidos en la formación política y en la concepción científica del mundo: materialismo dialectico e histórico. En contraparte se ha implementado asignaturas castrado de contenido científico, castrando a su vez la comprensión de las leyes generales que rigen a todas las ciencias. Sin embargo, así como se logró liberar a la universidad del velo del feudalismo, se librará también de las garras del imperialismo; después del desmantelamiento de la universidad publica, se plantea ahora el “novísimo” problema de la Acreditación y Certificación de la Calidad Académica en las universidades, promovida por el Estado a través de la ley Nº 28740, ley del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa). Problema que, es planteado y resuelto desde un punto de vista idealista en todos sus aspectos. Para empezar, ya desde su nacimiento, ha estado ligado indisolublemente a todo el aparato político y legal de la gran burguesía. Para poder implementar estos siniestros planes, el Estado, necesita impulsar el cambio de todas las curriculas y seguir introduciendo cursos de contenido metafísico, que tienen como base al pragmatismo, neopositivismo, kantismo, Etc.: Puro idealismo.
Podemos apreciar en el artículo Nº 14 de dicha ley: “Los órganos operadores establecen relaciones de coordinación con el Sector Educación, con los gobiernos regionales, los otros ministerios, gremios empresariales, e instituciones de la sociedad…”, es decir, desde el primer momento todo el aparato designado para dicho proceso de Evaluación se encuentra ligado a los intereses de las instituciones de la mal llamada “Sociedad civil” burguesa y de forma directa a los intereses de los capitalistas a través de los gremios empresariales. Asimismo, en el artículo Nº 16 se caracteriza a los órganos operadores como “autónomos, administrativa y funcionalmente, como garantía de independencia para realizar sus actividades en el marco de la Constitución y de sus leyes…”. Por supuesto sabemos que esta autonomía no es más que una ilusión, sobre todo “en el marco de la Constitución y de las leyes” de la democracia reaccionaria burguesa que ya mencionamos anteriormente. Con esto nos queda claro el yugo al que está sujeto el proceso de Acreditación, es en función del engranaje estatal de la gran burguesía intermediaria, de sus parámetros, necesidades y requerimientos; ya que en el Art. 18 de dicha ley se indica como funciones de los órganos operadores “establecer los estándares que deberán cumplir las instituciones educativas para ofrecer el servicio educativo. Establecer criterios e indicadores nacionales y regionales de evaluación y acreditación de los aprendizajes, de los procesos pedagógicos y de la gestión que desarrollan las instituciones educativas”.
De forma aún más directa se puede apreciar este yugo en el Art. 32, en el cual se establece la conformación del órgano de dirección de Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria (CONEAU). Sin embargo, ¿la universidad necesita ser acreditada? La respuesta es contundente, sí. Pero, ésta siempre y cuando sea hecha por el pueblo en función a sus demandas para solucionar sus problemas, más no para ejercer el control del imperialismo en todo estos espacios democráticos.
Como era de esperar, se esta fundiendo mas el pragmatismo, el neopositivismo acompañado de individualismos pretendiendo validar el interés de pocos en desmedro de las grandes mayorías. Así, no podría se de otro modo bajo el yugo del imperialismo, la universidad no esta sirviendo para librar al pueblo, mas por el contrario esta haciéndole el juego a través de sus planes curriculares, bibliografías y plana docente.
El caso concreto, es que a través de esta acreditación buscan generar tecnócratas que hagan aumentar sus ganancias del puñado de capitalistas, pues, es nuestra tarea principal, en primera instancia, desenmascarar los intereses mezquinos de la burguesía en el proceso de Acreditación, organizando a los estudiantes para emprender una crítica decidida y sin venias a dichos intereses; promoviendo y propagandizando, a la luz de la ciencia, nuestras ideas lo más ampliamente posible sin dejar de considerar las formas, circunstancias y métodos pertinentes para realizar esta tarea. Esta es la premisa fundamental y, a la vez, la única manera de asegurar el surgimiento de las condiciones una lucha consecuentemente dirigida a todo nivel y en todos los aspectos contra la democracia reaccionaria que la burguesía viene implementando para la Educación universitaria; y en relación a esto, contra el régimen de explotación vigente a nivel de toda la sociedad y que impide la emancipación de las clases trabajadoras y del proletariado. En síntesis la situación de la universidad es de profunda crisis, en todo sus aspectos. En los hechos el estado terrateniente esta destruyendo lo poco que quedaba en la universidad, lo que demuestra palmariamente la profunda crisis general del capitalismo burocrático.
Sin duda, afrontamos un momento crucial para la universidad peruana. No puede haber espacio para la vacilación. Los estudiantes no pueden ser cómplices de estos recortes presupuestarios, recorte de derechos y libertades que apunta a maniatar y silenciar a la universidad y empujar a la privatización. Nos toca defenderla con dignidad para fundirlo en el pueblo; la historia ya ha registrado varios episodios de resistencia heroica de la universidad peruana enfrentando a leyes autoritarias, sistemas caducos y en todo ello “el espíritu universitario ha resurgido mas fuerte, más alto y más luminoso”.